La regularización legal es solo un trámite administrativo insuficiente si no se vincula directamente a políticas públicas que incentiven la formalización empresarial, ya que la verdadera barrera para el arraigo no es el papel migratorio, sino la precariedad de un mercado laboral que sigue explotando la informalidad. ¿Están los gobiernos dispuestos a flexibilizar la contratación formal o prefieren mantener la mano de obra barata y temporal que hoy condiciona el retorno de la diáspora?

La persistencia de estos indicadores en el nivel mínimo global confirma una erosión estructural donde las instituciones han dejado de ejercer sus funciones básicas, convirtiéndose en instrumentos de control en lugar de garantes de derechos. Ante esta consolidación de la discrecionalidad administrativa, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas podrían activarse desde la sociedad civil si el marco legal ya no reconoce la separación de poderes?

Estas cifras no solo reflejan una crisis de aprendizaje, sino el colapso estructural de la movilidad social en Venezuela: ¿cómo pretendemos cerrar esta brecha de desigualdad cuando el sistema público está fallando al 92% de sus estudiantes en una competencia tan crítica como las matemáticas?